El presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Luis Moisés Aedo Mora, se reunió con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, quienes junto a sus respectivos equipos analizaron la implementación del Sistema de Protección de la Infancia, los nudos críticos del Programa Mi Abogado, la próxima puesta en marcha de la normativa que modificará el funcionamiento de los tribunales de Familia y la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que se espera comenzará a regir en el país, a mediados de 2023.
El ministro Aedo concurrió a la cita acompañado del relator de pleno, el secretario y el administrador del tribunal de alzada, mientras que la autoridad de gobierno asistió junto al seremi de la cartera en la región y a su jefa de gabinete.

“Una de las principales dificultades que enfrentan los tribunales de Familia, no sólo de esta jurisdicción, sino que de todo el país, es la falta de tutores o curadores ad litem para responder a la exigencia legal. La oferta programática del programa Mi Abogado cubre la representación de niños, niñas y adolescentes (NNA) internados en instituciones dependientes del SENAME o administradas por éste” señaló el presidente del tribunal de alzada.
Agregando que “en este contexto, la puesta en marcha de la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, recientemente promulgada, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, obliga a entregar representación jurídica a todos los NNA que se encuentren en algún proceso judicial en tribunales de Familia, lo que implica un aumento significativo en la demanda de curadores, que no fue previsto originalmente en materia presupuestaria, afectando el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por los jueces en favor de los menores, por lo que se instó a procurar la generación de mayor oferta programática que cubra los requerimientos que exceden al PMA”.
“Otros temas abordados durante la reunión fue la modificación a la ley de beneficio de libertad condicional; ley de adopción; la creación de una unidad de Derechos Humanos en el Ministerio Público, el nuevo sistema de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que viene a cambiar el sistema de penas asignadas a los delitos; la reforma a los Tribunales de Familia, perfeccionamientos que no son sólo procedimentales, sino también orgánicos. Estos cambios son modificaciones importantes y representan un gran desafío para todos los operadores de justicia” enfatizó el magistrado.
En temas más operativos, el presidente del tribunal de alzada señaló que se fijaron criterios para mantener una comunicación fluida y directa con la subsecretaría, a fin de agilizar los procesos administrativos de interés común que contribuyen a un buen ejercicio de la judicatura: “ratificamos nuestra política de puertas abiertas, ya que entendemos que nos permite generar una mayor y mejor coordinación, contribuyendo a la transparencia,, que es a lo que debemos propender todos”, concluyó la autoridad judicial.

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