La actora expone que, a pesar de la prohibición de acercamiento que decretó el Juzgado de Familia de Puerto Montt por haber denunciado actos de violencia intrafamiliar, su cónyuge ingresó a su domicilio y encontró una gorra perteneciente a otro funcionario de la institución que la habría ayudado para trasladar muebles, lo que llevó al Oficial a solicitar una investigación administrativa en contra de ambos para determinar la existencia de infidelidad, para lo cual una vez notificada se le remitió un listado de preguntas que debía responder.

Añade que, durante junio del presente año tomó conocimiento que concluida la investigación en contra del funcionario con el que supuestamente mantenía una relación sentimental, se resolvió dejar sin efecto las sanciones impuestas al funcionario en atención a que no habían suficientes antecedentes para imputar un actuar reprochable, sin embargo, dicha conclusión no deja de vulnerar su dignidad y honra, en su calidad de mujer, madre y ser humano.

El recurrido informó que el Oficial puso en conocimiento los hechos que involucraron al otro funcionario, por lo que se dispuso una investigación administrativa, respecto de la cual si bien se le remitió un correo electrónico a la recurrente junto a preguntas que fueron respondidas y que aportaron nuevos antecedentes que no le fueron solicitados, concretamente los hechos referidos a VIF, la investigación nunca se dirigió en su contra, sino sólo fue citada como testigo a petición del funcionario investigado, “(…) por lo que, aun comprendiendo el desagrado de la recurrente, no advierte la existencia de una afectación de derechos fundamentales de la actora.”

La Corte de Puerto Montt acogió la acción de protección. Razona que, “(…) la materia investigada excede de las competencias institucionales de Carabineros, no siendo procedente la investigación de la vida personal e íntima y sus vinculaciones afectivas, con fines disciplinarios, siendo dicha circunstancia competencia de los tribunales ordinarios respectivos cuando den origen a procedimientos vinculados a procesos de familia, penales o de carácter civil, en su caso.”

Prosigue el fallo señalando, que “(…) aun cuando se ha sostenido que la persona investigada fue un funcionario, en la especie la pretensión investigativa dijo relación con la existencia de una infidelidad atribuida a la recurrente, por lo que la investigación disciplinaria institucional necesariamente se dirige también respecto de una persona ajena a la institución, actuación ilegítima que afecta su intimidad y al mismo tiempo su dignidad.”

En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de protección y declaró ilegal la pieza administrativa, debiendo Carabineros abstenerse de realizar investigaciones de orden disciplinario respecto de la recurrente.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la abogada integrante Margarita Campillay, quien estuvo por rechazar la acción constitucional teniendo especialmente presente que el afectado por la instrucción de investigación administrativa fue el funcionario. No dirigiéndose ésta respecto de la persona de la recurrente; quien -al tenor de los antecedentes- sólo fue citada para prestar declaración como testigo a instancias del funcionario investigado, por lo que no concurre afectación de derechos fundamentales respecto de la recurrente.

Vea sentencia Corte de Puerto Montt Rol N°4174-2022.