En prisión preventiva quedaron el capitán A.A.G.P y el cabo J.A.G.M de Carabineros, formalizados por la fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, por violación y abuso sexual, ambos reiterados, en perjuicio de dos mujeres, por hechos ocurridos en club nocturno de esa comuna.
El cabo, además, fue formalizado por abuso sexual hiperagravado en contra de una de estas víctimas y el capitán de Carabineros también por abuso sexual por sorpresa en contra de una tercera víctima: la cajera del local.
Este último, quien ejercía como oficial de ronda de Prefectura, escribió previamente, en el libro de novedades de comisaría de San Carlos, que entre las 0:00 y 1:20 horas del sábado ejecutarían una serie de actividades, para, según la Fiscalía, cubrir lo que realmente realizarían. Por esta falsificación, también fue formalizado por un delito especial contemplado en el Código de Justicia Militar.
La Fiscalía detalla que pasada las 0:00 horas del 4 de marzo ambos imputados, encontrándose de servicio en la población, a bordo de un carro policial, vistiendo el uniforme institucional y portando sus armas llegaron hasta un club nocturno de San Carlos.
Allí ingresaron simulando realizar un procedimiento policial de control.
Fiscal Tamara Cuello indicó que, en ese contexto, revisaron las dependencias, y bajo intimidación y violencia cometieron los delitos de índole sexual contra las trabajadoras del club nocturno. Luego, se preocuparon de limpiar el lugar e, incluso, llevarse evidencia biológica.
La fiscal jefe de San Carlos argumentó que los delitos fueron cometidos con las agravantes de ser funcionarios públicos, y actuar con alevosía y por dos o más autores que se concertaron.
Jueza de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez, acogió los argumentos de la Fiscalía para decretar la prisión preventiva, en cuanto a la gravedad del ilícito, a que la pena a la que se exponen tiene un cumplimiento efectivo, al contexto en que ocurrieron estos hechos.
al que hayan sido cometidos por dos personas, a la reiteración de delitos, al carácter pluriofensivos de éstos, a que son funcionarios públicos y a que se requiere esta medida cautelar para asegurar la integridad de las víctimas, y los fines y actuaciones del procedimiento.
“En este caso, una de las imputaciones que se hace al capitán es haber falseado la información de los registros en la comisaría y eso es un antecedente relevante de que pudiera haber una intervención en la investigación”, destacó la magistrada.
Defensa argumentó que imputados realizaban un control policial, que hallaron droga y que las víctimas inventan los delitos, pero la magistrada reparó en que no dejaron registro de ello en el libro de novedades y no dieron cuenta a las autoridades de la existencia de algún ilícito.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de San Carlos decretó cuatro meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y acogió una querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de tortura con violación.
La Fiscalía realiza las diligencias con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.
