Concretamente, el proyecto planteaba una rebaja del 50% del citado impuesto. Esto sería aplicable en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía. Asimismo, consideraba que la disminución se debía mantener hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como también sus consecuencias.
Con 64 votos a favor, 61 en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó rebajar en un 50% el impuesto específicos a los combustibles.
La propuesta fue originada en una moción que encabezó el diputado Álvaro Carter (UDI). Además, fue firmada por sus compañeros de bancada Sandra Amar y Rolando Rentería.
Concretamente, el proyecto planteaba una rebaja del 50% del citado impuesto. Esto sería aplicable en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía. Asimismo, consideraba que la disminución se debía mantener hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como también sus consecuencias.
Los autores de la propuesta y varios representantes de zonas extremas y apartadas se manifestaron a favor. Estimaron que el gravamen, creado en 1985 para la reparación de caminos afectados por el terremoto, ya no tiene justificación. Además, alertaron de los altos precios que se deben pagar hoy en día por el combustible, en particular, en las regiones más alejadas del país.
De igual modo, recalcaron que, con la pérdida de sus trabajos, muchos debieron recurrir al vehículo para obtener ganancias. En tal plano, observaron que una rebaja en el valor de las gasolinas favorecería a esos emprendedores y al delivery.
Rechazo al proyecto
Algunos parlamentarios compartieron que el impuesto específico ya tuvo su justificación. Y si bien llamaron a modificarlo, plantearon avanzar en la línea de los gravámenes verdes. Asimismo, se planteó que se aplique a todos por igual, incluyendo a la industria, hoy no afecta a él. De tal modo, varios recordaron que las empresas mineras, la aeronáutica y el transporte marítimo no pagan este impuesto.
Otro argumento que se mencionó reiteradamente es el de la inconstitucionalidad del proyecto. Ello, porque cualquier norma relativa a impuestos es una materia de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.
Paralelamente, se llamó la atención que una rebaja en este impuesto es regresivo, ya que favorece a los que más tienen. Junto a esto, se recordó que en la pandemia se requieren de recursos para apoyar los beneficios sociales entregados por el Estado.
